Por definición, este invento de la junta, son Viviendas de Iniciativa Publico-Privada, creadas por el “Pacto por la Vivienda” un instrumento para revitalizar las fracasadas políticas en vivienda de la Junta y salvar el cuello tras la promesa de Barreda de hacer 50.000 VPO. Esta es la gran novedad que nos trae el Pacto por la Vivienda.

• Incrementa los precios un 60% y relega la construcción de VPO.

• No genera oferta de alquiler, ni régimen especial (para la rentas mas modestas)

• La Junta (como una inmobiliaria) garantiza al promotor privado la adjudicación del 70% de las VIPP y las que no se adjudiquen, las compra la Administración.

• Los constructores se quedan un 30% para “asignarlas por sus medios”.

• Ampara la reclasificación de suelo sin contar con los intereses locales.

• Facilita la cesión de viviendas privadas vacías para alquiler, que ahora tendrán consideración de “Viviendas Rotacionales Públicas” pero el dinero va a manos privadas.

• No cubre las necesidades de los demandantes, pues no se comprometen con cifras.

No está claro si ofertarán las viviendas privadas que no tienen salida en el mercado, por los incrementos de precios astronómicos y la “Crisis del Ladrillo”. La junta va a convertirse en una especie de inmobiliaria de lo privado.

La respuesta es que no. Veamos por qué:

* Aumenta los precios y no altera las políticas que nos han llevado a esta situación.

* Aumenta la flexibilidad para promotores, especuladores y constructoras.

* Parte importante del dinero público invertido va a parar a las manos privadas.

* No propone ninguna medida para la reconversión del sector de la construcción y los miles de despedidos que está generando.

* No plantea subvenciones para la compra, ni democratiza el acceso a la vivienda, ni asegura un precio decente, al contrario, la encarece con la VIPP.

* Al tener la VIPP un precio mayor, el constructor siempre preferirá esta, en detrimento de la VPO, mas barata y accesible y nada lo regulará.

* Para evitar pérdidas al constructor, que ya ha financiado su operación con dinero público, la Junta, compra las viviendas que no se venden.

* No interviene en el mercado para reducir las desigualdades ni cambiar la dinámica, si no que les da prioridad a los promotores privados para que construyan mas.

Nosotros también nos preguntamos como se ha podido llegar a una situación de injusticia de tal calado, sin darnos cuenta.

Ante eso, solo nos queda movilizarnos para defender nuestros derechos y contra el atropello de lo privado sobre lo público con el conocimiento de las Administración.

Por ello, como jóvenes críticos, proponemos lo siguiente:

* Denunciar la situación y el modelo de libre mercado que ha hecho llegar a esta situación.

* Penalización fiscal a viviendas vacías y a segundas y terceras residencias.

* Cese inmediato de las recalificaciones indiscriminadas de suelo, que provocan la mayor agresión al medio, así como la persecución legal de corruptos y especuladores que han hecho negocio a costa de los ciudadanos.

* Proponemos una revisión del “Pacto por la Vivienda”, en donde se incentive la creación de una Empresa Pública de Vivienda, que sea capaz de gestionar, promover y construir, no a través de las subcontratas en un 100%, si no de forma autónoma, como elemento de independencia pública, con la inversión necesaria para poder construir mas VPO, a precios asequibles y generar empleo digno.

* Incentivar la creación de Cooperativas que promuevan y construyan VPO por la vía política y financiera.

* Una ampliación del pacto que alcance a aportar soluciones a los despidos masivos que ya se están sucediendo en las empresas del sector.

* Exigimos la derogación y reformulación de la legislación en materia de suelo, que proteja nuestro entorno, nuestros pueblos y que garantice el interés público de la ordenación urbanística.

* Eliminar las modalidades de vivienda de precio tasado (VPT) y las VIPP, pues abarcan rentas por encima de los 38.000 euros. Consideramos que una persona que ingrese al mes mas de 3.000 € puede acceder a una vivienda de precio libre y que por sus condiciones no deberá acaparar recursos públicos que puedan requerir otras personas en condiciones mas desfavorecidas.

* Reducción del precio de los módulos con los que se oferta la VPO a los compradores, que se aprueban con criterios político-económicos y nunca sociales.

El PSOE ya incrementó los precios en 2006 un 45%, con el apoyo del PP,

¿Vamos a permitir que lo hagan de nuevo?