La respuesta es que no. Veamos por qué:

* Aumenta los precios y no altera las políticas que nos han llevado a esta situación.

* Aumenta la flexibilidad para promotores, especuladores y constructoras.

* Parte importante del dinero público invertido va a parar a las manos privadas.

* No propone ninguna medida para la reconversión del sector de la construcción y los miles de despedidos que está generando.

* No plantea subvenciones para la compra, ni democratiza el acceso a la vivienda, ni asegura un precio decente, al contrario, la encarece con la VIPP.

* Al tener la VIPP un precio mayor, el constructor siempre preferirá esta, en detrimento de la VPO, mas barata y accesible y nada lo regulará.

* Para evitar pérdidas al constructor, que ya ha financiado su operación con dinero público, la Junta, compra las viviendas que no se venden.

* No interviene en el mercado para reducir las desigualdades ni cambiar la dinámica, si no que les da prioridad a los promotores privados para que construyan mas.